Instalaciones sin habilitación y obleas apócrifas

Rodríguez imputó a los tres sospechosos de “haber tenido en su poder sin autorización, materiales explosivos y/o inflamables”, entre los que se detallan nueve cilindros de GNC y un vehículo Renault Sandero con equipo de GNC instalado, elementos secuestrado el 26 de mayo de 2020 en un allanamiento realizado en Monseñor Zaspe al 3900. En el baúl del auto se encontraban otros dos cilindros sueltos con código y número de serie

En la misma fecha se allanó un inmueble en Aristóbulo del Valle al 9600, residencia de Segovia, donde se incautaron 11 cilindros para GNC con códigos de homologación y número de serie; por último en el inmueble de Quintana al 1800, residencia de Peart, se incautó documental original propia de la actividad de GNC: cédulas Mercosur, fichas técnicas en blanco pertenecientes al productor de Equipos Completos.Los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia radicada por Enargas, en la que se precisaba que el 3 de agosto de 2018 se había presentado en la sede del organismo un abogado asesor letrado de las cámaras empresarias de talleristas y expendedores de GNC, quien daba cuenta de la posible falsificación de una oblea habilitante de GNC, y su supuesto ofrecimiento de compra a través de Facebook.

En la denuncia se detalló que esa oblea habilitante fue adquirida por el abogado durante el mes de abril de 2018, en respuesta a la publicación de Facebook: el profesional se contactó con el vendedor para efectuar la compra, y la oblea fue entregada por cadete; tras esto, se comprobó que se trataba de un documento apócrifo.
La denuncia del letrado dio inicio a la investigación por falsificación de documento público, y luego el propio abogado dio cuenta de otros hechos similares puestos en conocimiento de Enargas: en una fan page de una reconocida radio de Santa Fe se ofrecían a la venta obleas de GNC con vencimiento en 2019 y un número de teléfono de contacto.

Así, la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura llevó a cabo las tareas de investigativas y las intervenciones telefónicas a las líneas de los imputados Segovia y Garramuño, para intentar determinar “la existencia de una organización dedicada a la falsificación de obleas habilitantes de GNC y la actividad de sujetos que, en el último eslabón de la cadena criminal, comercializarán dicho tipo de documento mediante su ofrecimiento a través de redes sociales y avisos clasificados online, accionar que podría resultar constitutivo del delito de falsificación de documento público”.

En el escrito de requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Rodríguez precisa que Garramuño y Segovia “realizaban el montaje de equipos de GNC, pruebas hidráulicas y provisión de obleas habilitantes (en algunos casos presuntamente falsas), al margen de las regulaciones y control del Enargas”. Agrega Rodríguez que “se pudo determinar que, con el fin de efectuar las pruebas hidráulicas de los tubos de GNC y obtener las obleas pertinentes, estos contaban con la colaboración de Peart, quien en ese momento era empleado del taller oficial García GNC, y debido a ello tenía acceso a la base de datos del Enargas donde figuran los registros de carga relacionados con las obleas de GNC”.

En cuanto a los cilindros secuestrados de los domicilios de Garramuño y Segovia, el Enargas concluyó que no contaban con documentación que justifique su procedencia y su aptitud técnica, motivo por el cual al momento de su secuestro no estaban en condiciones de ser reinstalados en otros vehículos.

Finalmente, sobre la situación del auto secuestrado, se precisó que no figuraba en los registros del Enargas como poseedor de un equipo de GNC instalado, y la oblea adherida al parabrisas correspondía a una operación realizada en otro taller y para otro vehículo. Es así que se concluyó que ese auto no estaba en condiciones de utilizar GNC debido a que su conversión a dicho combustible no fue informada a Enargas, y por consiguiente carecía de la revisión técnica como lo requiere la normativa vigente.

Es así que el fiscal concluyó que la tenencia de los tres imputados de elementos con capacidad explosiva / inflamable, sin autorización del Enargas y en lugares que no contaban con la certificación oficial de sus condiciones de seguridad, encuentra su encuadre legal en los requisitos del código penal que sanciona la tenencia de este tipo de materiales sin la debida autorización legal.